OSORNO – En una declaración conjunta, la Agrupación de Asistentes de la Educación (AGRESE), la Asociación de Funcionarias de Jardines Infantiles VTF y el Colegio de Profesoras y Profesores Comunal Osorno, denunciaron el impago del aguinaldo de Navidad 2025 para los funcionarios de planta y a contrata del sector municipal.
Los gremios calificaron la situación como un “incumplimiento grave, ilegal e injustificado”, señalando directamente la responsabilidad del alcalde Jaime Bertín, en su calidad de sostenedor, y a la gestión del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM).
Fundamentos Legales de la Denuncia
Las organizaciones recordaron que este beneficio no es facultativo, sino una obligación del Estado y los municipios. Según la información técnica disponible:
- Ley N.º 21.724: El artículo 2 de esta normativa establece de forma permanente el derecho al aguinaldo de Navidad para los trabajadores del sector público, fijando montos diferenciados según el tramo de remuneración.
- Obligatoriedad: Al ser una ley de la República, su liquidación debe realizarse íntegramente durante el mes de diciembre.
- Criterio de Contraloría: Los denunciantes citaron la jurisprudencia de la Contraloría General de la República (CGR), la cual ha determinado históricamente que la falta de liquidez o déficit presupuestario no es una excusa válida para postergar o eludir el pago de remuneraciones y beneficios legales.
Acusaciones de Mala Gestión
El comunicado conjunto enfatiza que esta crisis es resultado de una planificación deficiente y extemporánea por parte de las autoridades locales. Los gremios acusan que la administración no tomó los resguardos necesarios para asegurar los fondos de un beneficio que es previsible año tras año. - Próximas Acciones
- Los representantes de la educación en Osorno exigieron el pago inmediato y total de los montos adeudados. Asimismo, advirtieron que, de no regularizarse la situación a la brevedad, iniciarán las siguientes acciones:
- Denuncias administrativas ante la Contraloría General de la República.
- Acciones legales en tribunales laborales por vulneración de derechos.
- Evaluación de movilizaciones gremiales.
«No permitiremos que la ineficiencia administrativa afecte el presupuesto familiar de miles de trabajadores en una fecha tan sensible», concluye la declaración.
