En un reciente informe de transparencia activa, se ha revelado que de los 36 guardias de Seguridad Pública Municipal en Osorno, 21 son ex integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, lo que genera un debate sobre las políticas de contratación del actual gobierno municipal encabezado por Jaime Bertin. Estos funcionarios recibirían cerca de 1 millón de pesos mensuales, sumando así importantes pensiones que agravan la situación fiscal.
De los 36 guardias, 15 no tienen antecedentes en las FFAA o Carabineros, mientras que 14 de ellos reciben pensiones de las instituciones Capredena o Dipreca, y 22 están afiliados a AFP. El monto promedio de las pensiones de Dipreca en Chile, que alcanzó los $1.572.157 pesos a diciembre de 2023, indica que un funcionario municipal puede estar recibiendo más de 2 millones de pesos mensuales, combinando su sueldo y pensión. Por su parte, las pensiones de Capredena promedian los $732.984 pesos, sumando también cerca de 2 millones al mes.
Esta situación plantea cuestionamientos sobre el rumbo de la administración de Bertin, que ha optado por contratar a ex militares y ex Carabineros. Estos funcionarios tienen la responsabilidad de emitir partes y actuar ante delitos flagrantes, aunque sus atribuciones son limitadas a retener a sospechosos y no a detenerlos.
La comunidad de Osorno se pregunta si esta estrategia es la más adecuada para garantizar la seguridad pública y qué implicaciones traerá para el futuro de la administración local.