Osorno — A más de 800 profesores municipalizados de la comuna de Osorno se les descontaron hasta 260 mil pesos de sus remuneraciones del mes de junio, como consecuencia de su participación en el Paro Nacional del Magisterio realizado los días 4 y 5 del mismo mes. En total, el impacto económico colectivo para el gremio ascendió a 130 millones de pesos descontados.
La situación ha generado malestar entre docentes y sus familias, quienes han debido reorganizar sus presupuestos frente a una medida que golpea directamente el ingreso mensual con el que muchos sostienen sus hogares. Desde el Colegio de Profesores se ha levantado la voz al respecto señalando su preocupación por afectación que esto tendrá a cientos de docentes de la comuna.
Desde el Concejo Municipal, el concejal Juan Carlos Velásquez dio a conocer que existiría un dictamen de Contraloría que permitiría recuperar las clases sin necesidad de descontar los días no trabajados, señalando que “faltó diálogo para llegar a un buen acuerdo a favor de este importante gremio, que se movilizó por causas estructurales que afectan a la educación pública”.
Sin embargo, la Municipalidad no realizó gestiones para evitar los descuentos, y cuando fue consultado al respecto, el alcalde Jaime Bertin declaró: “No es función mía hacerlo”. La frase, breve pero contundente, generó aún más cuestionamientos sobre el nivel de compromiso de la administración municipal con sus trabajadores.
En contraste, la concejala Cecilia Ubilla adoptó una postura distante del resto del Concejo, respaldando los descuentos al considerar que “hubo interrupción del servicio” por parte de los docentes. Su visión, sin embargo, no parece sintonizar con la preocupación ciudadana ni con la realidad de los más de 800 afectados.
Para muchos en Osorno, lo que aquí se castiga no es la ausencia en el aula, sino el derecho legítimo de los trabajadores a movilizarse. Y mientras los profesores levantaban la voz por mejoras para sus comunidades educativas, hoy ven cómo ese gesto les es devuelto con descuentos millonarios y una respuesta institucional fría, burocrática y sin voluntad de diálogo.