Mientras aún no se firma el contrato de la licitación de parquímetros en Osorno, el oferente que figura en segundo lugar fue recientemente contratado como funcionario municipal sin concurso público. Se trata de Camilo Marcelli, ex candidato a concejal de Renovación Nacional, cuya empresa podría ser adjudicada directamente si la primera desistiera.
En una investigación de Central Osorno, pudimos corroborar antecedentes que configuraría un conflicto de interés de proporciones que comienza a rodear a la Municipalidad de Osorno tras la adjudicación de la licitación pública ID 2308-27-LR25, denominada “Explotación de Sistema de Control de Tiempo”, más conocida por la ciudadanía como el sistema de parquímetros del centro de la ciudad. La adjudicación fue resuelta el pasado 29 de abril, cuando el Concejo Municipal aprobó –con votos divididos– entregar el contrato a la empresa Patagonia Servicios. La segunda mejor evaluada por la comisión técnica fue Grúas Marcelli, representada legalmente por Camilo Marcelli Villanueva, ex candidato a concejal por RN en las elecciones municipales pasadas.
La polémica surgió días después, cuando se conoció que Camilo Marcelli fue contratado en el mes de mayo como agente del Escuadrón Táctico de Seguridad Pública, en calidad de funcionario municipal. Su contratación, según se ha podido confirmar, no fue realizada mediante concurso público, pese a que al momento de ser ingresado a la entidad edilicia ya figuraba como oferente activo en una licitación aún no resuelta, en la cual su empresa mantiene la opción de adjudicarse el contrato si el primer oferente desiste de firmar.
El riesgo no es menor. En la sesión del Concejo Municipal del martes 20 de mayo, el alcalde Jaime Bertin confirmó que la empresa Patagonia Servicios aún no ha firmado el contrato. Y advirtió: si no lo hace, el municipio pasaría a adjudicar directamente al segundo oferente, es decir, a Grúas Marcelli, la empresa del actual funcionario municipal.
La situación adquiere mayor complejidad si se considera el entorno político del involucrado. En la misma sesión de adjudicación, votó en contra la concejala Javiera Cabello (RN), quien argumentó “debilidad técnica y precarización laboral” en el proceso. Posteriormente, en sus redes sociales, señaló: “Seguimos trabajando con convicción y compromiso por nuestra comuna. Agradezco a @Camilo.Marcelli por grabar mi intervención”, alimentando las suspicacias de los cibernautas más atentos quienes ven con preocupación este vínculo político entre un oferente y la autoridad que debe adjudicar los contratos.
En el documento de la Asociación Chilena de Municipalidades «deberes de los concejales», en el punto 4.1. dice en relación a Conflicto de intereses: Existe cuando en el ejercicio de la función pública concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él determinados por la ley, o cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias. El Concejal afecto por un conflicto de intereses tiene la obligación de inhabilitarse respecto de la discusión o votación que verse sobre el asunto, pues de no hacerlo, constituye una falta grave a la probidad administrativa.
Más allá de los hechos, surge una interrogante de fondo: ¿Falló la comisión técnica que evaluó las ofertas de la licitación al no advertir que estaba dejando admisible a un aspirante a funcionario municipal que ya había superado filtros de selección? ¿O falló la comisión de reclutamiento de personal al no advertir que contrataba a un oferente activo? En cualquiera de los escenarios, la Municipalidad de Osorno podría estar incurriendo en eventuales conflictos de interés, que deberán ser analizados bajo la lupa de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Este caso expone una vez más la delgada línea entre lo legal y lo éticamente reprochable en la gestión pública, especialmente cuando confluyen vínculos políticos, decisiones técnicas cuestionadas y la escasa transparencia de los procesos de contratación.
Ante esto: ¿Cree usted que esta situación fue una simple coincidencia del destino o hay algo más detrás de este proceso de licitación, contratación de personal y compañerismo partidario en RN?