CentralOsorno.cl recopiló antecedentes a través de la Ley de Transparencia que muestran pagos por más de 4.300 millones de pesos entre 2017 (alcalde Jaime Bertin) y 2025 por parte de la Municipalidad de Osorno a empresas vinculadas a familiares del alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz.
Central Osorno accedió a documentos oficiales obtenidos mediante solicitudes de transparencia dirigidas a la Municipalidad de Osorno, los cuales revelan que entre 2017 y 2025 se han realizado pagos que superan los 4.300 millones de pesos a las empresas Servi Patagonia SpA y Servicios Verdes Sur SpA. Ambas sociedades tienen vínculos familiares directos con José Luis Muñoz, actual alcalde de San Juan de la Costa, ex Consejero Regional y funcionario del DAEM de Osorno (actualmente con funciones suspendidas).
Los servicios contratados corresponden principalmente a la mantención de áreas verdes y prestaciones afines. Cabe señalar que, según la documentación revisada, los servicios ofertados fueron efectivamente prestados y cumplidos a cabalidad, motivo por el cual se realizaron los pagos respectivos. Además, los procesos administrativos y jurídicos correspondientes fueron superados sin observaciones formales, conforme a la normativa vigente.
Estos contratos se han realizado bajo procedimientos normados por la Ley de Compras Públicas, enmarcados dentro de la legalidad. Sin embargo, despiertan legítimas preocupaciones sobre la cercanía entre autoridades públicas y proveedores del Estado.
Es importante recalcar que la existencia de un vínculo familiar no implica, per se, la comisión de un acto ilícito. Sin embargo, desde una perspectiva ética, resulta necesario cuestionar la conveniencia de tales adjudicaciones en un contexto en que la ciudadanía demanda cada vez mayores niveles de probidad y transparencia en la gestión pública.
El reconocido académico chileno Carlos Peña ha señalado que «el verdadero problema no es la ilegalidad de ciertos actos, sino su falta de respeto a las expectativas éticas que la ciudadanía deposita en sus autoridades». Desde esta perspectiva, la discusión no se agota en el cumplimiento formal de la ley, sino que se extiende al terreno de la confianza pública y la legitimidad de los procesos de contratación.
En sociedades democráticas modernas, la ética pública exige que los funcionarios y autoridades no solo eviten conflictos de interés, sino también la apariencia de ellos. Como recordaba el filósofo Jeremy Bentham, «para que el poder no sea corrupto, debe estar siempre expuesto a la luz pública».
La transparencia es, en este sentido, un principio no negociable, especialmente en la administración de fondos públicos y en la relación con prestadores de servicios cuyos vínculos personales o familiares puedan poner en cuestión la imparcialidad de las decisiones adoptadas.
Desde Central Osorno continuaremos monitoreando este y otros casos en los que los principios de transparencia, ética pública y buen uso de los recursos públicos estén en juego.
Y dejamos abierta la reflexión a la ciudadanía:
¿Debe bastar con cumplir la ley, o las autoridades y sus entornos familiares deben también observar estándares éticos más elevados en su relación con el Estado?