El Consejo de Asignaciones Parlamentarias prohíbe la contratación de personas condenadas, pero el ex edil se acogió a pena sustitutiva.
Investigación de Interferencia.cl da a conocer detalles del controvertido asesor del Diputado Daniel Lilayu, quién transita entre la línea del bien y el mal.
Afines de 2015, el entonces concejal de Puerto Varas, Luis Ariel Guzmán Cabezas (UDI), viajó junto a su par Héctor Jacob (PS) a Arica con recursos fiscales para capacitarse en un curso sobre “Control Ciudadano a la Gestión Municipal”.
Sin embargo, una investigación y posterior condena judicial demostró que los ex concejales no estaban acreditados y, para peor, no concurrieron al curso, por lo que la comisión de servicio nunca se concretó. Es más, durante su estadía en la ciudad nortina se trasladaron a Tacna con los fondos estatales, rindiendo viáticos por cuatro días a pesar de asistir a sólo dos jornadas de las cuatro que impartía la capacitación.
El caso, llamado “Concejales on tour”, concluyó en junio de 2023 cuando el Juzgado de Garantía de Puerto Varas condenó al ex edil Ariel Guzmán a dos penas de 270 días de presidio más el pago de dos multas de 10 UTM por los delitos de obtención fraudulenta de prestaciones y falso testimonio ante la Contraloría.
La defensa de Guzmán intentó anular la sentencia, pero la Corte de Apelaciones de Puerto Montt sólo concedió absolverlo por el delito de falso testimonio a Contraloría.
Ahora bien, el ex concejal se acogió a la pena sustitutiva de firma mensual, de la que egresó en febrero de 2025. Así también, obtuvo el beneficio por el cual no queda registro en su certificado de antecedentes del delito cometido.
¿Y en qué fue de Guzmán en estos años?
En marzo de 2022 entró a trabajar como asesor del diputado Daniel Lilayú (UDI), con quien cruzó caminos ejerciendo simultáneamente como concejal de Puerto Varas. Según transparencia de la Cámara de Diputados, Guzmán Cabeza ingresó como asesor a contrato con un sueldo de $1.133.333, el que escaló hasta los $2.319.279 en marzo de 2025.
Si bien el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias prohíbe explícitamente la contratación de personas condenadas, el caso de Guzmán es similar al del asesor del senador Tomás de Rementería (PS). (Revisa el artículo: Diputado De Rementería contrató asesor condenado por estafa).
Tal como informó Interferencia, el asesor Juan Soto Zamora -removido tras la publicación- fue condenado por estafa, pero, dado que se acogió a pena sustitutiva, evadió la “pena aflictiva» que prohíbe el consejo.
Consultamos al diputado Lilayú por la contratación de Guzmán, considerando que fue condenado mientras se hallaba contratado como asesor. Sin embargo, hasta el momento de publicación de este artículo no recibimos respuesta.
De todas formas, cuando salió la primera sentencia, previa a la absolución parcial de la Corte de Apelaciones, el diputado Lilayú señaló a Radio Bío Bío que: “el que tenga un fallo no significa necesariamente que tenga inhabilidad para algún tipo de trabajo, él no es criminal, no es ninguna cosa que sea tan grave (…) y este es un fallo de primera instancia, él verá que tipo de sanción va a recibir, porque no hay ningún tipo de sanción que yo sepa”.